Las principales empresas del sector tecnológico han intensificado sus esfuerzos para persuadir a la Unión Europea de que adopte un enfoque más flexible en la regulación de la inteligencia artificial, en un intento de evitar posibles sanciones que podrían alcanzar miles de millones de dólares.

En mayo, los legisladores de la UE llegaron a un acuerdo sobre el Acta de IA, establecido como el primer conjunto integral de reglas a nivel mundial para el manejo de la tecnología, luego de largas negociaciones entre diversas facciones políticas.

Sin embargo, la aplicación de estas normas relacionadas con los sistemas de inteligencia artificial de propósito general, como ChatGPT de OpenAI, aún queda en el aire, hasta que se completen los códigos de práctica que acompañan a la ley.

La Unión Europea ha invitado a diversas partes interesadas, incluidos académicos y entidades comerciales, a contribuir en la redacción del código de práctica, recibiendo cerca de mil solicitudes, un número que ha sido considerado considerablemente alto.

Aunque el código de práctica no será legalmente vinculante en su implementación a finales del próximo año, servirá como una guía que las empresas pueden usar para demostrar su cumplimiento con la ley.

Boniface de Champris, de CCIA Europa, comentó que un código de práctica bien elaborado es esencial para fomentar la innovación, advirtiendo que un enfoque demasiado restrictivo podría complicar ese objetivo.

Respecto a las preocupaciones sobre derechos de autor, empresas como Stability AI y OpenAI están siendo cuestionadas acerca del uso de obras protegidas sin el consentimiento de sus creadores para entrenar sus modelos.

Bajo la propuesta de Ley de IA, las empresas tendrán la responsabilidad de proporcionar resúmenes detallados sobre los datos utilizados en el entrenamiento, lo que potencialmente les permitirá a los creadores de contenido buscar compensación si su trabajo es utilizado sin autorización.

Algunos líderes del sector han expresado que los detalles requeridos en estos resúmenes deben ser mínimos para proteger secretos comerciales, mientras que otros argumentan que los titulares de derechos deben estar informados sobre el uso no autorizado de su contenido.

En medio de estos desarrollos, Maxime Ricard, de Allied for Startups, ha señalado que las obligaciones de la ley deben ser manejables, especialmente para las startups en Europa que buscan crecer.

Las organizaciones sin fines de lucro también están buscando jugar un papel en la creación del código, advirtiendo que la transparencia es crucial y no debe ser comprometida por los intereses de las grandes empresas.

A medida que el código se publique a inicios del próximo año, las empresas tendrán plazo hasta agosto de 2025 para alinearse con las nuevas regulaciones y evitar sanciones.